Una nueva gran guerra se está librando en el último metro que existe entre el ciudadano y el acceso a la Red. Ese metro se está volviendo cada vez más decisivo pues es el que determina las condiciones técnicas, económicas y jurídicas en que se puede interactuar, con la cada vez más relevante Red y desde muchos puntos de vista configurar la misma red, pues la puede fragmentar e incidir en su conjunto. En ese metro disputan empresas, gobiernos y ciudadanía mientras la libertad de expresión y comunicación que Internet ofrece desde hace más de dos décadas se ve amenazada. El equilibrio político, técnico, económico y jurídico de ese último metro que dista entre el ciudadano y la red y que le permite actuar libremente en ella se denomina net neutrality.
Efectivamente, net neutrality (network neutrality) es un instrumento, de momento más ideológico que legal, mucho más conceptual que descriptivo que empieza a dar sus frutos regulatorios para la Federal Communications Commission (FCC), agencia norteamericana independiente que asiste al Congreso, significa el derecho de los usuarios de internet a poder conectar el equipo de su elección a la Red, siempre que éste no sea dañino para la misma, significa el derecho a tener acceso al contenido legal de internet de su elección, derecho a hacer funcionar programas de su elección y el derecho de competencia entre proveedores. Para otros significa que las operadoras del servicio físico, es decir los titulares de las instalaciones subyacentes que permiten la transmisión, usadas por internet, no discriminen entre los proveedores de servicios de la Red. Esto en términos prácticos significa que no van a permitir que se proporcionen conexiones más rápidas de manera arbitraria a su conveniencia o que se va a cobrar más a otros ISP por un servicio más rápido. En este sentido, la Federal Communications Commission para el cable modem como para las líneas DSL (la ADSL es uno de sus tipos) ha establecido unas pautas concibiendo un “common carrier” ideal.
Finalmente, net neutrality significa en términos democráticos y de derechos fundamentales la no intervención o interferencia de los poderes públicos sobre la libertad de acceso, expresión, creación y comunicación que supone la Red para cualquier ciudadano. Es la aceptación de la Red como contrapoder, como componente fundamental de nuestra construcción democrática.
En España, todavía no existe un equilibrio semejante. De hecho, algunos consejos audiovisuales de algunas comunidades autónomas, y por su relevancia destaco el catalán, teóricamente tienen la capacidad de interferir y llegar a suspender las emisiones de determinados contenidos por internet. En estos momentos, la libertad de expresión se vuelve a discutir por nuestro Parlamento en el proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, la posibilidad de que un órgano administrativo pueda sin previo pronunciamiento judicial cerrar un sitio en red en función de los contenidos que exprese. Esa norma podría ser la gran oportunidad de dar contenido legal a la net neutrality, esa parte de la neutralidad tecnológica. También es la oportunidad de reconocer la mayoría de edad a la Red, algo que se viene prometiendo desde hace tiempo. La comunicación de 24 de mayo de 2005 de la Comisión Europea condicionaba sin justificar a que persistiese el traslado de los servicios de telefonía vocal al entorno IP, es decir, hace depender internet de la evolución de la demanda de los servicios de telefonía vocal. Ello supondría que la prestación de la telefonía como servicio de acceso se haría omnipresente y la atención del servicio universal podría pasar a centrarse en el suministro de enlaces de acceso de banda ancha a precios asequibles. Vemos que la incertidumbre que introducen las nuevas tecnologías en las empresas proveedoras de infraestructuras traslada su combate a controlar la incertidumbre desde la legalidad y esto retrasa el avance de los servicios públicos y de la sociedad.
¿Existe una Red única? Físicamente no, legalmente es más que dudoso para un país como España y globalmente deberíamos decir que tampoco. Aun así, con todas sus asimetrías y accidentes “geográficos” o políticos”, subyace un poderoso concepto ideológico y una obra de ingeniería social, la Red o web, promesa de unidad humanitaria, superpuesta a la confusa estructura de comunicaciones que sigue un modelo vertical integrado de prestación de servicios en el que el principal proveedor de infraestructuras también presta los servicios telefónicos y en los que el acceso a internet se presta, como servicio público de una manera derivada en lo que se denomina carácter funcional.
Para concluir, habría que recordar al creador del protocolo IP sobre el cual funciona Internet, Vinton Cerf, quien dijo: “Siento que nos movemos hacia un entorno de banda ancha que elimina nuestros antiquísimos requerimientos antidiscriminatorios, necesitamos reglas que garanticen la neutralidad en red para asegurar que Internet continúe su crecimiento. Así como las operadoras de telefonía no pueden decirle a sus usuarios a quién llamar, las operadoras de red no deberían dictar lo que los usuarios pueden hacer on line. El presente modelo de red ha sabido proveer, y puede continuar proveyendo, beneficios económicos para los innovadores, consumidores, y proveedores de acceso a red, quienes podrán cosechar los frutos de proveer acceso a tal valiosa red”.
Por José María Lancho y Julian Coccia
Publicado en Cambio 16, el 15 de Octubre del 2007
